Los registros de arrestos en el Reino Unido muestran una imagen impactante: las acusaciones por discursos controvertidos se han más que duplicado desde 2017, alcanzando más de 12,000 casos solo en 2023. La tendencia plantea preguntas incómodas sobre los límites entre la seguridad pública y la libertad de expresión. Mientras las autoridades enmarcan estas acciones como medidas necesarias contra contenidos dañinos, los críticos argumentan que la aplicación de la ley se ha vuelto cada vez más agresiva. Los datos sugieren un patrón que merece ser examinado, especialmente para las comunidades que valoran las plataformas descentralizadas precisamente porque resisten el control centralizado del discurso. Si esto refleja necesidades genuinas de seguridad o un exceso regulatorio sigue siendo un tema de debate, pero los números no mienten.