Cómo las nuevas regulaciones estadounidenses podrían atraer tres billones de dólares al mercado de criptomonedas

NUEVO YORK, enero de 2025 – Los analistas de Goldman Sachs han publicado un estudio que considera la propuesta de marco regulatorio estadounidense para activos digitales como un factor decisivo para atraer volúmenes masivos de capital institucional. A diferencia de las evaluaciones optimistas anteriores, este informe se basa en un análisis cuantitativo de las necesidades reales de los grandes actores financieros, demostrando que la claridad regulatoria no es una opción, sino una condición absoluta para que fluya el dinero.

El proyecto de ley, conocido como CLARITY Act (Crypto Asset Regulatory Framework and Investor Transparency Act), se ve como una herramienta que puede cambiar radicalmente la arquitectura del mercado estadounidense de activos digitales. La audiencia en el Senado, prevista para el 15 de enero, será un momento clave para evaluar las verdaderas posibilidades de éxito de esta iniciativa.

La maquinaria que frena el dinero institucional

El problema que describe Goldman Sachs es simple pero profundo: enormes sumas de capital gestionado permanecen fuera del mercado cripto no por falta de interés, sino por incertidumbre jurídica. Una encuesta interna del banco a sus clientes institucionales reveló lo siguiente:

• 35% de los grandes inversores citan la incertidumbre regulatoria como su principal obstáculo para ingresar en este mercado
• Los activos cripto representan solo 7% del total de activos gestionados por estas instituciones
• Pero 71% de los encuestados afirmó tener planes de aumentar su exposición en los próximos 12 meses

Estas cifras cuentan una historia clara: existe demanda, pero está bloqueada por dudas regulatorias. No es un interés especulativo — son inversiones estratégicas que requieren certeza legal.

Desajustes regulatorios: qué propone la CLARITY Act

La situación actual se caracteriza por un caos jurisdiccional. La SEC y la CFTC compiten durante años por influir en diferentes segmentos del mercado, dejando a las empresas cripto y a las instituciones en una zona gris. La CLARITY Act propone un enfoque radicalmente diferente:

Clasificación clara de activos. El proyecto de ley distingue qué activos digitales están bajo la supervisión de la SEC (como valores) y cuáles bajo la CFTC (como commodities). Esto libera a los abogados de tener que adivinar y proporciona a las instituciones caminos claros para cumplir con las normativas.

Licencias y estándares. Las plataformas de intercambio cripto y los custodios deberán implementar estándares federales de capitalización, almacenamiento de activos y divulgación de información. Para las instituciones, esto significa un riesgo de contraparte reducido al nivel de los intermediarios financieros tradicionales.

Un solo campo nacional. En lugar de una regulación fragmentada por estados, el estándar federal simplifica la escala operativa.

Estos cambios abordan exactamente lo que las instituciones exigen: previsibilidad, seguridad y escalabilidad.

Cómo se transforman los números en la práctica

Goldman Sachs no solo hace pronósticos optimistas — su análisis se basa en datos directos. La encuesta reveló una demanda acumulada de escala asombrosa. Si el 71% de las instituciones planea aumentar su exposición cripto, y muchas de ellas se mantienen solo por cuestiones regulatorias, la aprobación de la CLARITY Act podría desbloquear decenas de miles de millones, si no billones de dólares.

El argumento de Goldman radica en la lógica económica: los fondos más grandes van hacia donde hay menos riesgo. Una base regulatoria más clara = menor riesgo legal = mayores inversiones.

El contexto geopolítico

Estados Unidos no compite solo por el mercado interno. La Unión Europea ya implementó MiCA, Hong Kong está expandiendo su sistema de licencias, y otras jurisdicciones están activamente construyendo sus propios marcos regulatorios. La demora en la legislación estadounidense significa una fuga de talento, empresas innovadoras y capital hacia otras regiones.

Goldman señala indirectamente esto: el capital institucional es un recurso móvil que busca las condiciones más favorables. Si EE. UU. permanece en la incertidumbre, el dinero (y en consecuencia — el desarrollo del mercado) se desplazará a otros lugares.

El camino político: realismo y ambiciones

La audiencia del 15 de enero en el Senado es un punto crítico, pero no el final. Los analistas políticos destacan un apoyo bipartidista a la necesidad de claridad regulatoria, aunque persisten diferencias en los detalles y en la extensión de las competencias de las agencias.

La historia muestra que proyectos de ley similares a menudo se retrasan en distintas etapas. Sin embargo, la participación de Goldman Sachs y otras grandes instituciones financieras a favor del proyecto añade presión política. Su argumento — reglas claras fomentan los flujos de capital y la estabilidad del mercado — es difícil de refutar independientemente de la ideología.

Goldman Sachs ha declarado oficialmente su ambición: que se apruebe antes de la primera mitad de 2025. Es optimista, pero no imposible, si el liderazgo del Senado está motivado.

Qué significa esto para el mercado

Si el proyecto de ley pasa, las consecuencias serán significativas. No solo las instituciones existentes aumentarán sus posiciones, sino que nuevas clases de inversores — fondos de pensiones, endowments, gestores de activos conservadores — tendrán una base legal para ingresar.

Para los inversores cripto comunes, esto significará mercados más profundos, mayor liquidez, desarrollo de nuevos productos institucionales (como ETF), y potencialmente, menor exposición a riesgos de seguridad en plataformas gracias a una supervisión regulatoria reforzada.

Sin embargo, la realidad es que este proyecto de ley es solo un primer paso. Incluso si pasa, su implementación efectiva tomará tiempo, y las reacciones del mercado pueden ser impredecibles.

Una cosa está clara: los próximos meses serán decisivos para definir el papel futuro de EE. UU. en el mercado global de cripto y para millones de inversores que esperan una señal de certeza regulatoria.