El borrador de la Ley CLARITY plantea serias preocupaciones: básicamente restringe los mercados de acciones tokenizadas y bloquea a los usuarios de obtener rendimiento en productos digitales en dólares. ¿El verdadero problema? Las instituciones bancarias tradicionales que presionan para mantener a las plataformas de criptomonedas fuera de los servicios financieros. Tienen miedo de perder su dominio en el mercado frente a una alternativa descentralizada.