Senadores de EE. UU. en un callejón sin salida: ¿Quién controlará los ingresos de los stablecoins?

El proceso de estandarización regulatoria para activos digitales en Estados Unidos se acerca a un momento crítico, pero ha surgido un hito inesperado en la vía legislativa. Mientras la Cámara de Representantes ya ha preparado la Digital Asset Market Clarity Act, que establece la supervisión de algunos tokens, el Senado mantiene negociaciones profundas sobre una cuestión que parece técnica: si los usuarios de stablecoins deberían tener derecho a obtener reembolsos de las reservas de bonos del Tesoro.

La batalla por las ganancias financieras de los tokens de pago

El núcleo del conflicto entre los legisladores se refiere a la interpretación del término «ganancia». Los stablecoins que mantienen reservas en valores del Tesoro a corto plazo podrían, teóricamente, compartir los retornos con los inversores mediante intereses directos o programas promocionales de recompensas ofrecidos por entidades relacionadas. Los demócratas ven esta práctica como una amenaza al sistema bancario tradicional: si los stablecoins comienzan a ofrecer retornos cercanos al 5%, mientras que los bancos tradicionales ofrecen solo del 0,01% al 0,5% en cuentas corrientes, los depositantes podrían transferir masivamente fondos a alternativas digitales.

Los senadores del partido demócrata argumentan que tal migración de capital podría socavar la capacidad de las instituciones financieras locales para otorgar préstamos, especialmente en áreas rurales. Los republicanos, por su parte, afirman que bloquear tales retornos discrimina las soluciones innovadoras en favor de mantener el status quo bancario.

Escenario de estrés valorado en 6,6 billones de dólares

La discusión se intensificó tras la revelación por parte del Bank Policy Institute (BPI) de una laguna en la GENIUS Act, una ley que fue aprobada por el Congreso a principios de este año. La legislación prohíbe a los emisores pagar intereses directamente, pero deja una puerta abierta a las bolsas y entidades de marketing que ofrecen recompensas relacionadas con activos de reserva. Utilizando simulaciones de escenarios de instituciones federales, el BPI estimó que, con una política liberal respecto a las remuneraciones, podría transferirse hasta 6,6 billones de dólares en depósitos del sistema tradicional al ecosistema de stablecoins.

Cabe destacar que los analistas consideran esta cifra como un escenario extremo, no como una previsión real. Las hipótesis del modelo asumen un alto grado de sustitución entre depósitos tradicionales y dinero tokenizado, así como transferencias rápidas en cadena sin los retrasos habituales en la liquidación. Sin embargo, esta estimación se convirtió en un referente en las discusiones del Senado, justificando una postura firme de los demócratas respecto a los reembolsos.

Desafíos legales en la definición

El problema radica en definir con precisión los términos «ganancia», «emisor» y «entidad relacionada». La GENIUS Act impone a los emisores requisitos para mantener reservas completas y estándares de custodia, pero no especifica si los retornos económicamente equivalentes a intereses, distribuidos por entidades separadas, están prohibidos. La industria bancaria presiona a los congresistas para que aclaren que cualquier reembolso de activos de reserva, independientemente del canal de distribución, debe estar sujeto a la prohibición.

Mientras tanto, representantes del sector de las criptomonedas argumentan que tales restricciones pondrían a los stablecoins en una posición competitiva peor frente a las fintechs, que ya ofrecen programas similares de recompensas. También señalan las prácticas en la Unión Europea y el Reino Unido, donde se están creando marcos más flexibles para instrumentos de efectivo tokenizados.

Otros obstáculos legislativos que bloquean la reforma

El tema de las ganancias de los stablecoins no es la única cuestión sin resolver en las negociaciones. Los senadores del partido demócrata han añadido condiciones adicionales: regulaciones éticas que limiten a los funcionarios y sus familiares la emisión o beneficio de activos digitales, la obligación de que la SEC y la CFTC tengan un pleno de comisarios antes de transferir nuevas funciones de supervisión, y definiciones más precisas de descentralización que impidan evadir obligaciones.

El alcance de estas demandas adicionales ha reducido significativamente el espacio para negociar. Los empleados del Senado indican que una votación antes de la pausa parlamentaria es poco probable, lo que podría retrasar la decisión final hasta 2026. En ese período, la laguna regulatoria permanecería abierta, y la SEC y la CFTC continuarían moldeando el mercado de activos digitales mediante acciones de ejecución e interpretaciones.