El gobierno de Estados Unidos está tomando medidas cada vez más contundentes en el ámbito de los activos criptográficos. Después de que Trump asumiera el cargo, la reserva estratégica de Bitcoin pasó rápidamente de ser una promesa de campaña a una política concreta. El 6 de marzo de este año, firmó una orden ejecutiva que oficialmente puso en marcha el plan de "Reserva Estratégica de Bitcoin", incorporando los Bitcoin adquiridos por el gobierno federal a través de procedimientos judiciales en la reserva nacional.

Este modelo es completamente diferente al de las reservas tradicionales. Mientras otros gastan dinero en comprar, ¿en qué se basa el gobierno de EE. UU.? En incautaciones por la ley. Los Bitcoin confiscados en casos de transacciones en la dark web y ransomware por parte del departamento de justicia ahora se transfieren a la tesorería del Estado. Suena un poco absurdo, pero la realidad es que el gobierno de EE. UU. actualmente posee aproximadamente 200,000 Bitcoin, la mayoría de los cuales proviene de estas incautaciones.

Lo que mejor ilustra esto es la reciente confiscación de activos del grupo príncipe de Camboya. Esta operación dejó claro al mercado: la actitud del gobierno de Trump hacia la reserva de Bitcoin es seria, y realmente están acumulando de manera sistemática.

Lo interesante es la reversión de la postura de Trump mismo. En 2019, criticó las criptomonedas en las redes sociales, diciendo que su valor era ilusorio y extremadamente inestable. Pero en la campaña de 2024, la tendencia cambió por completo, y empezó a promover la idea de convertir a Estados Unidos en una "superpotencia de Bitcoin". ¿Qué cambió todo esto? Las donaciones políticas. La Comisión de Acción Política relacionada con la industria de las criptomonedas recaudó más de 245 millones de dólares en las elecciones del año pasado.

En definitiva, esto no es más que el resultado del choque entre la realidad política y las fuerzas del mercado.