Recientemente, algunas personas vuelven a preocuparse por un posible endurecimiento de la regulación. Sinceramente, esta ansiedad no tiene sentido.

Los que lo vivieron en su día saben que lo de verdad serio fue el 4 de septiembre de 2017. Siete departamentos emitieron conjuntamente un anuncio, calificando directamente las ICO como una financiación pública ilegal. Mirándolo ahora, la situación de entonces parece casi surrealista.

En aquel momento, todos los proyectos ICO frenaron en seco y los que ya habían recaudado fondos tuvieron que organizar devoluciones y reembolsos urgentemente. Lo más duro fue que se detuvieron por completo las plataformas de intercambio dentro del país: no se permitían pares de negociación con moneda fiduciaria, no se podía hacer matching de compras y ventas, e incluso las funciones de fijación de precios o intermediación de información estaban prohibidas, lo que equivalía a cortar el cable de Internet.

Tras aquella oleada, el sector entero quedó sumido en el lamento. Pero, ¿y después? Quien quería seguir, siguió, solo que cambiando de escenario. Así que, habiendo pasado por tormentas de verdad, este pequeño revuelo actual no es para tanto.