Trump cambia de postura y admite que los estadounidenses asumen parte de los aranceles La "sentencia catastrófica" de la Corte Suprema impulsa la implementación del Plan B

El presidente de Estados Unidos, Trump, respondió a las preguntas de los periodistas en la Oficina Oval el jueves, mostrando un giro importante en su postura de larga data sobre los aranceles: por primera vez admitió que los consumidores estadounidenses pagan una "parte" de los costos de los aranceles en los productos importados. Esta declaración rompe con su insistencia durante meses en que los aranceles son asumidos por el extranjero, aunque aún sostiene que esta política ha traído "beneficios generales enormes" para Estados Unidos.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha considerado los aranceles como una "herramienta clave" en la política exterior y económica, aplicando tarifas adicionales a Canadá, México, China y otros socios comerciales bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, e incluso promoviendo aranceles "recíprocos" con todos los socios comerciales. Anteriormente, afirmaba que estos aranceles obligarían a los países a transferir fondos a la tesorería estadounidense, pero esta afirmación ha sido refutada por economistas durante mucho tiempo, y el juez principal Roberts también ha señalado públicamente que "los aranceles son en esencia impuestos pagados por el pueblo estadounidense". Las últimas encuestas muestran que el 55% de los estadounidenses considera que la política arancelaria ha empeorado la situación financiera familiar, el 70% siente que los gastos en alimentos básicos han aumentado y más del 60% reconoce que los aranceles han elevado la inflación interna.

El cambio de postura se produce en el contexto de una audiencia celebrada el día anterior en la Corte Suprema sobre la legalidad de su política arancelaria. Los jueces principales cuestionaron si la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional infringía la autoridad del Congreso, y la mayoría mostró dudas sobre la justificación de aplicar aranceles completos en base a un estado de emergencia nacional. El fallo de la corte no solo determinará la validez de la política arancelaria actual, sino que también aclarará los límites entre el poder ejecutivo y el legislativo en Estados Unidos, y se espera que tome varios meses en dictarse. Trump ya advirtió que cualquier fallo que prive al gobierno de su autoridad para establecer aranceles sería una "catástrofe", y el jueves reiteró: "Esto sería un golpe devastador para nuestro país, pero debemos preparar una 'segunda jugada'".

Se informa que el gobierno de Trump ya ha puesto en marcha el Plan B, cuyo núcleo es buscar una nueva autorización legal para mantener las medidas arancelarias. Su equipo comercial está evaluando una estrategia de "dos pasos": primero, aplicar aranceles temporales de hasta el 15% en áreas relacionadas a nivel global bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (por un máximo de 240 días), y luego, mediante la Sección 301 de esa misma ley, establecer aranceles personalizados para socios comerciales específicos; además, también están considerando la Sección 338 de la Ley de Tarifas Smoot-Hawley de 1930, que permite imponer aranceles de hasta el 50% a países que discriminen a las empresas estadounidenses, e incluso prohibir la importación de ciertos productos. Asimismo, se está evaluando ampliar la aplicación de los aranceles por "seguridad nacional" bajo la Sección 232, que anteriormente se utilizó para imponer un 50% en productos de acero y aluminio, sin un límite de tiempo definido.

Es importante señalar que, si la Corte Suprema dictamina en contra, el gobierno de Trump podría verse obligado a devolver hasta 1 billón de dólares en aranceles ya recaudados. Aunque existen alternativas legales más viables, estas aún podrían enfrentar nuevas demandas judiciales, y el Senado ha aprobado recientemente una resolución simbólica que exige cancelar el "estado de emergencia nacional" relacionado con los aranceles, reflejando un aumento en las críticas internas a esta política radical. La disputa sobre la legalidad de los aranceles no solo afecta la agenda económica de Trump, sino que también tendrá profundas implicaciones en el orden comercial global y en la estabilidad de las cadenas de suministro.